La opinión pública se ha visto conmovida recientemente por noticias sobre una sucesión de aludes de gran magnitud en diversos países de América Latina (Argentina, Colombia, Perú, Chile), que han conducido a numerosas pérdidas de vidas y cuantiosas pérdidas materiales. Ante estos episodios ubicuos y recurrentes, el Capítulo Iberoamericano de la IECA ha desarrollado la siguiente visión del problema, con la idea de contribuir a formular una base conceptual sobre la cual definir acciones estratégicas realistas y eficaces para las zonas en peligro.
Como frente a cualquier problema, debe partirse de un diagnóstico adecuado, es decir, se deben comprender cuáles son sus causas fundamentales.
En primer lugar, es necesario comprender que los aludes son fenómenos naturales. Tienen lugar debido a la acción de tormentas intensas y persistentes sobre terrenos de gran pendiente, las cuales generan condiciones de humedad en el suelo que lo tornan inestable y propenso a los deslizamientos. Una vez disparada la falla del terreno por deslizamiento, se conforma una mezcla entre el agua y el suelo, constituyéndose así un flujo de barros con una energía suficiente como para arrasar lo que encuentra a su paso.
En segundo lugar, debe enfatizarse que, como parte del Cambio Climático, se está verificando un aumento de la frecuencia de eventos extremos; en particular, de grandes tormentas. Esto puede estar produciendo un efecto acumulativo, ya que no da tiempo a que se regeneren condiciones suficientes de resistencia en el suelo (por ejemplo, a través del crecimiento de la vegetación) antes de que el terreno vuelva a ser azotado por otro temporal intenso. En este efecto incentivador está jugando la acción antrópica, ya que el Cambio Climático está influenciado por la emisión de gases de efecto invernadero generado por el desarrollo de la civilización humana.
En tercer lugar, el asentamiento de grandes núcleos poblacionales en terrenos propensos a la falla, a contramano de lo recomendable, conduce a un cambio de uso del suelo hacia el típico de zonas urbanas, con lo que se amplifica la probabilidad de falla.
En síntesis, los aludes se producen en zonas propensas a estos fenómenos naturales, y su probabilidad de ocurrencia se ha visto incrementada bajo la acción del Cambio Climático y las malas prácticas asociadas a la ocupación urbana.
A partir de este diagnóstico surge como primera conclusión obvia que deberían evitarse los asentamientos urbanos en zonas propensas a los aludes. Esto debería tomarse como una regla para evitar el desarrollo de nuevos asentamientos en zonas de peligro. Pero deja planteada la cuestión de qué hacer con los ya existentes, partiendo de la base de que no resulta en general realista formular grandes planes de relocalización hacia zonas menos riesgosas debido a las fuertes resistencias sociales y políticas, que en la práctica los tornan inviables.
Para encarar esta cuestión, resulta pertinente partir de la base de que cualquier tipo de emprendimiento territorial se hace bajo riesgo, ante una diversidad de amenazas potenciales (inundaciones, aludes, sequías, sismos, etc.). Lo que varía de un sitio a otro es la probabilidad de ocurrencia de cada una de esas amenazas. En otros términos, la gestión territorial pasa en gran medida por el manejo del riesgo.
El riesgo se maneja a través de la implementación de medidas estructurales y no estructurales cuyo objetivo es minimizar la pérdida de vidas, las pérdidas materiales y los trastornos al medio ambiente. En el caso de riesgos extremos, como los asociados a aludes, las medidas no estructurales son fundamentales, ya que el objetivo primordial es ahorrar vidas. En particular, la medida no estructural primaria debería ser la implementación de un sistema de alerta que permita una evacuación temprana eficiente. Para lograr este objetivo, ese sistema debe ir acompañado de un plan de educación comunitario que conduzca a la internalización de las consignas asociadas.
Una segunda medida no estructural relevante es la reglamentación del uso del suelo, de modo de evitar desmontes excesivos e innecesarios que incrementen la susceptibilidad del terreno a la erosión y la falla.
Las medidas estructurales apuntan en general a evitar o reducir los daños a propiedades a través de la construcción de obras. En el caso de terrenos sujetos a amenaza de deslizamiento, las obras principales destinadas a reducir el riesgo de falla deben apuntar a un manejo adecuado de los excedentes hídricos. Esto significa desarrollar un sistema de drenaje capaz de colectar el máximo posible de escorrentía y conducirla hacia zonas con capacidad de recepción. Como complemento, deberían implementarse diversos tratamientos a las distintas superficies del terreno (revegetación, protección con elementos naturales o sintéticos), de modo de generar una mayor capacidad de resistencia a la erosión. El diseño específico de las medidas de drenaje y protección depende de la zona, y deben surgir de un estudio de ingeniería.
Tanto para el caso de las medidas estructurales como para las no estructurales, desde el Capítulo Iberoamericano de la IECA se considera fundamental asegurar la creciente participación de profesionales especializados en la temática, quienes pueden aportar valiosas experiencias en el camino de la prevención y/o la mitigación. Así también se desea resaltar la importancia que posee la formación y capacitación permanente de los recursos humanos, tanto como la generación de eventos regionales que permitan llevar a cabo una eficiente difusión del estado del arte y su tendencia evolutiva a nivel mundial.
En síntesis, no existen soluciones para evitar aludes, sino medidas para reducir el riesgo de ocurrencia de aludes. Estas incluyen en primer lugar un adecuado sistema de alerta (para minimizar las pérdidas de vida), en segundo lugar un eficiente sistema de drenaje, y en tercer lugar medidas de protección de suelos frente a la erosión.
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